El alcalde de la ciudad de Morristown solicitó al gobierno federal sumarse a un plan para que su cuerpo de policía pueda tener la autoridad legal para verificar el estado de inmigración de sus residentes. La policía local no sólo tendría esa capacidad legal, sino también el poder para presentar cargos civiles de inmigración que sean manejados posteriormente ante una corte federal. En caso de ser aceptado, Morristown sería la primera ciudad de Nueva Jersey en sumarse al programa de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este programa fue creado por una ley federal promulgada en 1996 e incluye actualmente a solamente 10 municipalidades en todos los Estados Unidos. Es decir que de los miles de municipios y ciudades que existen en el suelo americano ni siquiera un 0,015 por ciento han adoptado esta medida anticonstitucional e injusta. Pero la vida es así, de la noche a la mañana el alcalde decidió que los latinos dañamos el aspecto panorámico de algunas esquinas en Morristown. Sí, a él no le importa que seamos legales o indocumentados ya que nos ha propuesto que creemos un lugar donde los jornaleros puedan reunirse a esperar por los contratistas, mostrándonos claramente el carácter racista de esta propuesta: Ilegales sí, pero escondidos al ojo de los visitantes o los residentes segregacionistas. Bien me recuerda antes de las olimpíadas de Los ángeles, donde el alcalde mandó a arrestar a todas las prostitutas callejeras y las envió para Hawaii, donde las mantuvieron “de vacaciones “ para unos y “escondidas” para otros. El problema para el alcalde es de obstrucción del paisaje por elementos no bien vistos por los nuevos inversionistas que comprarán los lujosos apartamentos valuados en un millón de dólares. Para nosotros el problema es una catástrofe que se ve venir, los inmigrantes se movilizarían a otros pueblos donde no exista, por ahora, esa ley (Dover, Mine Hill, Wharton, Parsippany, etcétera), creando desempleo y una recesión económica para los que viven o se ayudan de esta clientela, como son los restaurantes latinos, panaderías, agencias de envío de dinero y carga, notarios, cabinas de Internet y llamadas al exterior, pero también a los propietarios de casas, que perderían a sus habituales inquilinos. ¿Qué pasaría con las escuelas de Dover y todos aquellos pueblos donde ya se están moviendo los que más temen a esta ley? ¿Están preparadas nuestras escuelas y profesores para aceptar estos desplazamientos masivos? Rotundamente decimos ¡no! Pero, ¿y qué decir de esas inocentes criaturas que asisten a la escuela y ya no podrán regresar por el temor lógico de sus padres de poder ser arrestados mientras les llevan a la escuela o al regresar de sus duras jornadas de trabajo? ¿Y qué de los que observan un crimen y tendrán un justo temor de denunciarlo ante los que antes eran los protectores de la ley y el orden y de la noche a la mañana se convirtieron en sus verdugos? Esta medida es injusta, inhumana y cruel. Es inaceptable y debemos, como seres humanos, oponernos por todos los medios posibles a que se concrete. Es también nuestro deber como miembros de una sociedad basada en el derecho y el respeto a la dignidad humana el de unirnos y hacer un frente común para terminar de una vez por todas con esta visión racista, propia de ignorantes. Tenemos que llegar pues a una solución permanente, donde la dictadura de un alcalde sea controlada por una ordenanza municipal similar a aquellas que en otras municipalidades alrededor del estado y la nación han surgido como respuesta a la tiranía de unos pocos. |

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| Emiliano Lemos Columnista invitado |